Aportes compulsivos, audios, chats y licitaciones bajo la lupa. El organismo que atiende a jubilados quedó atrapado en una disputa por el control territorial dentro del gobierno libertario.
Los PAMI libertario en las Provincias se ha enfrentado a controversias y controversias, como las prácticas de erradicar a los «sobres» y los aportes compulsivos, audios, chats y licitaciones bajo la lupa. La lista de denuncias que sacude al PAMI bajo el gobierno de Javier Milei parece sacada de un manual de la vieja política, pero hay un detalle que complica al oficialismo: los nombres involucrados son propios. Funcionarios libertarios, operadores de Karina Milei y empleados públicos reclutados por el nuevo poder son parte de una trama que mezcla extorsión, financiamiento partidario, estructuras paralelas y una auditoría interna que avanza con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.
El escándalo estalló tras un comunicado oficial firmado el 30 de abril por Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, director y subdirector ejecutivo del PAMI. El texto, respaldado por el ministro de Salud, Mario Lugones, denunció “uso indebido de recursos públicos”, contrataciones irregulares y delegaciones convertidas en “cajas negras al servicio de la política”. La UGL, el brazo operativo más potente del PAMI en las provincias, cuenta con 38 UGL distribuidas en todo el país y un presupuesto actualizado para 2025 de más de $4,9 billones.
Las denuncias se acumulan en distintos puntos del país, incluyendo Chaco, Santa Cruz, Misiones, y La Plata.
En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini abrió una causa tras la filtración de chats y planillas.
En Santa Cruz, el presidente local de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, pidiendo plata a una médica “para el alquiler” de la sede partidaria.
En Misiones, Adrián Núñez, el referente local de Karina Milei y los Menem, ocupa el tercer lugar en la lista legislativa que La Libertad Avanza presenta en la provincia para las elecciones del 8 de junio.
