Organizaciones y familias de personas con discapacidad denunciaron que el Gobierno nacional intenta dilatar el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad a través de maniobras judiciales, pese a las graves denuncias de corrupción que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según informaron, actualmente la Justicia Federal analiza dos causas relevantes vinculadas al sector.
Una de ellas es la investigación por presuntas coimas y desvío de fondos en ANDIS, donde el fiscal Franco Piccardi ya detuvo a dos empresarios, imputó a 15 personas entre ellas al exdirector Diego Spagnuolo y avanza sobre pruebas que incluyen audios comprometedores y el hallazgo de grandes sumas de dinero.
La otra causa es el amparo colectivo presentado por más de 20 organizaciones y familias luego de que el Poder Ejecutivo suspendiera por decreto la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso. El Juzgado Federal de Campana había dado lugar al planteo y rechazado las objeciones del Estado.
Sin embargo, el proceso volvió a quedar en pausa luego de que el Procurador del Tesoro recusara al juez interviniente, argumentando un supuesto “prejuzgamiento”. Aunque el magistrado respondió y desestimó cada uno de los planteos, debió apartarse hasta que la Cámara designe a un nuevo juez, lo que genera una nueva demora.
Las organizaciones advierten que esta estrategia retrasa deliberadamente el reclamo de las familias, mientras continúa avanzando la investigación por el presunto desvío multimillonario de fondos destinados a la discapacidad.
