En el marco de la política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional, las universidades nacionales registraron una fuerte reducción en el envío de fondos durante el mes de noviembre, recibiendo apenas partidas destinadas a cubrir gastos corrientes mínimos. La medida se enmarca en la estrategia oficial para reforzar el superávit fiscal informado por el Ministerio de Economía.
Según datos oficiales, durante noviembre el Ejecutivo limitó las transferencias a unos 18 mil millones de pesos, una cifra considerada insuficiente por el sistema universitario para garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio. El recorte permitió mejorar el resultado fiscal, que fue presentado por el ministro Luis Caputo como un superávit primario de más de 2 billones de pesos y un superávit financiero cercano a los 600 mil millones, tras el pago de intereses de la deuda.
El impacto del ajuste no es aislado. A lo largo del año, las universidades nacionales recibieron un 8,4% menos de recursos que en el mismo período del año pasado, mientras que la caída alcanza niveles mucho más profundos si se compara con años previos: el financiamiento actual representa apenas una cuarta parte de lo que se destinaba en 2013, en términos reales.
La reducción también se refleja en la participación del gasto universitario dentro del Producto Bruto Interno. Entre 2015 y 2023, el financiamiento promedió el 0,70% del PBI, pero cayó al 0,52% en 2024 y se profundizó este año hasta ubicarse en torno al 0,46%.
A precios constantes, el retroceso es aún más marcado: en los primeros once meses de este año las universidades recibieron 3,9 billones de pesos, frente a los 4,3 billones del año pasado y los 5,5 billones de 2023, lo que evidencia una pérdida sostenida de recursos.
El ajuste forma parte de una contracción general del gasto público. En los últimos dos años, el gasto total del Estado pasó de representar cerca del 20% del PBI a ubicarse por debajo del 14%, con recortes significativos en áreas como salarios públicos, subsidios económicos y, especialmente, obra pública, donde la inversión cayó alrededor del 80% respecto de 2023.
En paralelo, la caída de la recaudación impositiva —que en noviembre registró un retroceso real cercano al 9%— genera tensiones adicionales para cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Ante este escenario, el Gobierno profundiza los recortes en los sectores donde mantiene mayor margen de discrecionalidad, entre ellos el sistema universitario.
Mientras tanto, desde distintos ámbitos académicos y gremiales advierten que la reducción de fondos compromete el funcionamiento, la investigación y la continuidad de programas esenciales, en un contexto de creciente conflictividad entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria.
