Un nuevo revés judicial para el Gobierno nacional. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Emergencia en Discapacidad y otorgó un plazo de cinco días hábiles para cumplirla. En caso de incumplimiento, advirtió que se aplicarán multas económicas a funcionarios nacionales e incluso podrían enfrentar denuncias penales por desobediencia judicial.
La resolución deja sin efecto el decreto que había suspendido la aplicación de la ley, sancionada por el Congreso y vigente hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. El magistrado remarcó que, tras el rechazo del veto presidencial, el Ejecutivo está constitucionalmente obligado a cumplir la norma sin condicionamientos.
Desde el sector de discapacidad celebraron la medida y advirtieron que la demora agrava una situación crítica que afecta a miles de personas que dependen de tratamientos, prestaciones y apoyos esenciales. Prestadores del sistema denunciaron fuertes pérdidas de poder adquisitivo, atrasos en los pagos y valores que ya no cubren los costos básicos de funcionamiento.
La ley declara la emergencia en el sector y busca garantizar la continuidad de los servicios, en un contexto de fuerte ajuste económico.
La causa se inició a partir de un amparo presentado por familias de personas con Certificado Único de Discapacidad, con respaldo de organizaciones de todo el país.
