La reciente difusión de cifras oficiales sobre intentos y suicidios consumados en Argentina puso en evidencia la magnitud de una problemática compleja que afecta principalmente a jóvenes menores de 25 años, con una incidencia particularmente alta en adolescentes mujeres.
La información surge a partir de la Ley Nº 27.130 de Prevención del Suicidio, reglamentada en 2015 e implementada de manera efectiva desde 2021. Esta normativa permitió, por primera vez en el país, la creación de un registro sistematizado de intentos de suicidio, discriminado por edad, género y con antecedentes de cada caso, brindando una herramienta clave para el diseño de políticas públicas.
Según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, publicado el 29 de diciembre, entre abril de 2023 —cuando comenzaron a incorporarse los reportes provinciales— y octubre de 2025 —momento en el que todas las jurisdicciones notificaron sus datos— se registraron 22.249 intentos de suicidio en todo el país. De ese total, 20.928 casos (95 %) no tuvieron desenlace fatal, mientras que 1.218 (5 %) resultaron mortales, lo que implica que por cada 17,2 intentos no fatales se produce un suicidio consumado.
El análisis por género muestra que las mujeres concentran el 61 % de los intentos, con 13.484 casos, aunque presentan una tasa de mortalidad significativamente menor (2,1 %) en comparación con los varones, donde el índice asciende al 10,8 %. En términos etarios, las tasas más elevadas se registran en los grupos de 15 a 19 años (124 casos cada 100.000 habitantes) y de 20 a 24 años (114 cada 100.000). En particular, las adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años duplican la tasa registrada en varones de la misma edad.
A través del Programa de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio, creado en 2022, se identificaron factores comunes en los antecedentes de las personas que intentaron quitarse la vida. Cerca del 20 % presentaba diagnósticos previos de salud mental, mientras que se detectó un consumo problemático de sustancias en un porcentaje significativo: 13 % vinculado al alcohol y 12 % a la cocaína.
En este contexto, el Estado articula acciones con organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Asistencia al Suicida (CAS), que brinda apoyo anónimo y confidencial a través de las líneas telefónicas 135 y 0800-345-1435.
En el ámbito legislativo, durante el último período se presentaron diversos proyectos orientados a ampliar el acceso a la atención en salud mental, especialmente para menores de 24 años. Entre ellos, se destacó la iniciativa “Salud Mental 2.0”, que proponía asistencia psicológica digital gratuita y capacitaciones comunitarias, así como propuestas para un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, campañas de concientización, fortalecimiento de la formación profesional y la implementación de programas de salud mental escolar.
También se registraron iniciativas en el Senado que impulsan programas permanentes de abordaje integral en establecimientos educativos y proyectos específicos de prevención del suicidio vinculado al acoso escolar, incluyendo la cobertura de psicoterapia de urgencia para niños y adolescentes.
Las cifras oficiales confirman que se trata de una problemática de alto impacto social que requiere políticas sostenidas, prevención temprana y un abordaje integral, con especial foco en la juventud y en el fortalecimiento del sistema de salud mental a nivel nacional.
