El presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira impidió la fiscalización de violaciones a los derechos humanos en Bolivia y deportó a legisladores argentinos y miembros de organizaciones de derechos humanos que formaban parte de una Misión Humanitaria.
La comitiva llegó al aeropuerto de El Alto y estaba compuesta por Juan Marino, Vanina Biassi, Soledad Mosquera, María José Cano y Alejandrina Barry, entre otros. Les retuvieron los documentos y fueron forzados a tomar un avión hacia Santa Cruz, regresando después a Argentina.
Vanina Biassi, parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, declaró que fueron «secuestrados con represión policial» y que su misión se realizó en contextos similares a lo que ocurre en Bolivia. Denunció que el país vive «una verdadera dictadura militar» y señaló que se oponía a que el presidente intentara imponer un estado de sitio.
Asimismo, Alejandrina Barry confirmó que no les permitieron descender del avión y que el trato que recibieron fue similar al de un secuestro.
También mencionó que intentaron obligarlos a firmar un documento que presentaba «causas truchas» sobre los objetivos de su visita.
