Es el organismo encargado de la operación de las centrales nucleares, además de la medicina para luchar contra el cáncer y la investigación de minerales como el uranio. La sombra de Estados Unidos detrás del desmantelamiento. La Gendarmería reprimió a los trabajadores que tomaban la sede central en Buenos Aires.
Mientras Diego Santilli asumía como jefe de Gabinete y Adrián Ravier hacía su primera conferencia como vocero presidencial en la Casa Rosada, la soberanía energética en Argentina sufrió un nuevo golpe. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) notificó a aproximadamente 100 trabajadores que habían sido despedidos, aunque se estima que el total podría alcanzar hasta 170, ya que este es el número de empleados con contratos que vencían el 30 de junio. Esta decisión es parte de la reducción continua que ha experimentado la CNEA en el gobierno de Javier Milei, que en tres años ha recortado su presupuesto en un 45,4 por ciento, disminuido la inversión en bienes de capital y perdido alrededor de 500 trabajadores.
Los despidos se comunicaron a los trabajadores mediante una notificación del sistema GDE el 30 de junio, informándoles que sus contratos no serían renovados al día siguiente. Entre los afectados hay investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad. En respuesta a estos despidos, se llevaron a cabo movilizaciones en el Centro Atómico de Bariloche y la Asociación de Trabajadores del Estado realizó una permanencia en la sede central en Buenos Aires. La situación escaló cuando la Gendarmería reprimió a los manifestantes, causando tensiones en el edificio.
Martín Porro, el titular de la CNEA, tuvo que abandonar el lugar custodiado debido a las protestas. Porro asumió en diciembre pasado bajo la nueva gestión de Federico Ramos Nápoli, quien recibió un préstamo significativo del Banco Nación. Los trabajadores expresaron su angustia y tristeza ante la represión vivida, denunciando un ambiente hostil y violento dentro de la institución.
Los sindicalistas argumentan que la reducción de personal en la CNEA es parte de un plan más amplio para desmantelar el desarrollo nuclear en Argentina y que se busca entregar este sector a intereses estadounidenses. La CNEA, que investiga y desarrolla reactores nucleares y produce radioisótopos para la salud, se enfrenta a un panorama crítico, donde no solo se despiden empleados, sino que se desmantelan capacidades fundamentales.
El presupuesto de la CNEA ha decrecido considerablemente, afectando sus operaciones y personal. Investigadores resaltan que este desmantelamiento va más allá de una simple política presupuestaria y que responde a intereses geopolíticos, donde la energía nuclear juega un papel crucial en la competencia global.
A pesar de que existen empresas asociadas a la CNEA que son financieramente saludables, el enfoque del gobierno ha sido el recorte en lugar de fomentar la industria. El acceso a la CNEA para empresas privadas, habilitado por el gobierno, plantea preocupaciones sobre la posible privatización y explotación de los recursos nucleares de Argentina.
Este contexto preocupa a los trabajadores, quienes ven una amenaza a su industria y al ciclo completo de minería de uranio, visto como un recurso estratégico para el país. Denuncian que esta serie de despidos y la reducción de personal están diseñadas para privatizar los recursos naturales a favor de empresas extranjeras, mientras que el país aún necesita desarrollar sus propias capacidades nucleares.
El interés de Estados Unidos en el uranio argentino ha sido explícito, con funcionarios estadounidenses manifestando su compromiso de colaborar y facilitar la entrada de empresas privadas en el sector. Recientemente, se anunció un enfoque renovado en la minería de uranio como parte de la estrategia estadounidense para asegurar insumos críticos en la industria nuclear, lo que podría transformar el acceso a estos recursos y su gestión en el país.
En resumen, el avance hacia una política de reducción en la CNEA y el despido de trabajadores son temas centrales en el contexto político y económico de Argentina, donde la soberanía energética y el desarrollo nuclear se ven amenazados.
