Ofensiva contra la educación, Harvard denunció una persecución ideológica y acudió a la justicia.

La Casa Blanca ordenó cancelar contratos federales con la universidad por 100 millones de dólares, en un intento de imponerle supervisión estatal. La medida forma parte de una avanzada más amplia contra el financiamiento, la autonomía académica y la presencia internacional en la educación superior. Harvard denunció una persecución ideológica y acudió a la justicia.
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se dispuso a cancelar todos los contratos restantes del Gobierno Federal con la Universidad de Harvard, por un valor estimado de 100 millones de dólares, según una carta enviada este martes a las agencias del gobierno.
Un alto funcionario del gobierno afirmó que Estados Unidos prevé romper sus lazos contractuales con Harvard, en el más reciente intento del presidente Trump de forzar a la universidad a aceptar una supervisión sin precedentes por parte del Estado.
Josh Gruenbaum, Comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, ordena en la carta que las agencias federales revisen sus acuerdos con la institución, cancelen aquellos que no sean críticos, y, si es necesario, transfieran los servicios a otros proveedores.
«La Administración de Servicios Generales (GSA) está asistiendo a todas las agencias federales en la revisión para la rescisión o transición de sus contratos con Harvard y sus afiliadas», señala un borrador de la carta, publicado este martes por The New York Times. El documento, fechado el 27 de mayo, fue entregado por la mañana del martes a distintas agencias, según informó un funcionario en condición de anonimato.

En las últimas semanas, el gobierno ya congeló cerca de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard. También intentó eliminar su capacidad para recibir estudiantes internacionales, medida que fue bloqueada temporalmente por un tribunal. Desde el mes pasado, Harvard se vió impedido registrar nuevos estudiantes internacionales, y varios programas de investigación enfrentan suspensión por falta de fondos.
Trump presentó estas acciones como una defensa de los derechos civiles, acusando a Harvard de aplicar criterios raciales en sus procesos de admisión, de promover ideologías “woke”, valores liberales que considera contrarios al «interés nacional», y de tolerar conductas antisemitas en el campus.
En el marco de su lucha contra Harvard, el Gobierno amenazó con revisar hasta 9.000 millones de dólares en financiamiento, congeló efectivamente 2.200 millones en subvenciones y 60 millones en contratos, e incluso ordenó la deportación de una investigadora de la Facultad de Medicina.