Un nuevo escándalo rodea la gestión financiera del Gobierno nacional tras la confirmación de que más de un billón de pesos ($1.001.017.908.957) del Sistema Vial Integrado (Sisvial) fueron desviados hacia el Ministerio de Economía.
Los fondos, recaudados específicamente a través del impuesto a los combustibles para la reparación y construcción de la red vial del país, se utilizaron para sostener el superávit fiscal en lugar de destinarse a la infraestructura pública.
De un total de 1,5 billones de pesos recaudados para el mantenimiento de rutas, el Ejecutivo solo ejecutó cerca del 25% para su fin original. La admisión formal por parte del vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que los recursos restantes fueron redirigidos por la cartera que conduce Luis Caputo, paralizando obras públicas mientras la red vial nacional enfrenta un estado de deterioro crítico.
La revelación generó una inmediata reacción judicial y política. La diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro Caputo, las autoridades de Vialidad Nacional y la directiva del Banco Nación, bajo los cargos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad. Según la presentación, los fondos inmovilizados se colocaron en instrumentos financieros como plazos fijos y letras del Tesoro (Lecap y Lecer), priorizando operaciones especulativas sobre la seguridad e infraestructura vial.
A la par de la causa penal, la justicia dictó sus primeros fallos contra la medida. El Juzgado Federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo ante el peligro que representa el estado de las Rutas Nacionales 33, 8 y 7. El juez Aurelio Cuello Murúa determinó que las fallas en el mantenimiento responden a una «omisión deliberada» de autorizaciones presupuestarias y no a la falta de caja, ordenando la reparación urgente de las arterias afectadas. Mientras tanto, mandatarios locales denunciaron una grave inequidad en la distribución territorial de los fondos recaudados.
