La diputada apuntó contra la ministra de Seguridad y el comisario Gauna por presunto abuso de autoridad e “incitación” a los desmanes en medio de la sesión por la Ley de Tierras.
La presentación, que recayó en el juzgado de María Servini, imputa los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y abuso de armas. El foco está puesto en la presencia de Gauna registrado en imágenes de civil y empuñando un arma larga frente a manifestantes durante la sesión por la Ley de Tierras.
La presencia de personal policial sin uniformar ni identificarse adecuadamente manipulando armas en el marco de una protesta social atenta contra los protocolos básicos de actuación de las fuerzas de seguridad en democracia.
Como señala la denuncia, la actuación de civil en manifestaciones públicas abre la sospecha sobre tareas no autorizadas de observación, infiltración o acopio de información sobre los ciudadanos en función de sus opiniones políticas.
Las fuerzas de seguridad tienen la obligación legal de prevenir incidentes y proteger a la ciudadanía. La exhibición de armas de fuego de forma intimidatoria por parte de agentes no identificados actúa como un elemento provocador que incrementa la tensión y genera desmanes en lugar de evitarlos.
Al denunciar a la máxima autoridad ministerial junto al operativo policial en campo, la causa exige determinar si estas conductas respondieron a órdenes institucionales o a negligencias graves dentro del Ministerio de Seguridad.
Más allá de las derivaciones judiciales que determine la jueza Servini, el episodio marca un antecedente crítico sobre los límites del uso de la fuerza pública en la protesta ciudadana y el respeto al debido proceso democrático.
