El libertario desembarcó en una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario gracias a una habilitación del ministro de Economía.
El caso que involucra al consultor Fernando Cerimedo y la habilitación exprés otorgada bajo la órbita del ministro Luis Caputo expone un esquema claro de favorecimiento estatal e irregularidades en el corazón agroexportador de la Argentina.
Para entender el impacto de esta maniobra, conviene repasar cómo se ejecutó paso a paso:
La empresa Sanabria SRL operaba originalmente como una simple guardería náutica en Puerto General San Martín.
A través de la financiera Surlibre Inversiones, Cerimedo tomó el control de un porcentaje clave de la firma justo después de la llegada de nuevas autoridades a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
En un sector concentrado —donde ingresar requiere habilitaciones complejas y montos en dólares de alta exigencia—, la empresa reconvertida obtuvo el aval de la Agencia de Puertos y Vías Navegables sin cumplir con los trámites municipales locales pendientes.
La habilitación le permitió acceder al negocio millonario de provisión de combustible diésel para remolcadores en la Hidrovía, un sector cerrado que genera ingresos directamente en dólares.
A las sospechas sobre el otorgamiento del permiso se le suman las investigaciones judiciales por el origen de los fondos depositados y operados en el exterior.
El uso de influencias para sortear controles oficiales y privatizar beneficios en áreas estratégicas del Estado no es una simple falta administrativa: constituye una maniobra opaca que margina la competencia legal y utiliza las estructuras públicas para el beneficio privado.
