El Conflicto Central
El gobierno de Javier Milei otorgó beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a Southern Energy, un proyecto de exportación de GNL del que Harbour Energy posee el 15%. La controversia surge porque Harbour Energy es la misma entidad jurídica que Premier Oil, empresa inhabilitada por Argentina por 15 años mediante la Resolución 481/2013 debido a sus actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las Islas Malvinas.
Los Argumentos en Disputa
- Postura crítica / Argumentos jurídicos:
- Misma entidad: Documentos corporativos muestran que Premier Oil PLC simplemente cambió su nombre a Harbour Energy PLC (manteniendo el número de registro escocés SC234781) tras una fusión/reorganización.
- Vigencia de la sanción: Harbour mantuvo participación en el proyecto de Malvinas (Sea Lion) hasta septiembre de 2022. Expertos sostienen que si los 15 años de inhabilitación se cuentan desde que cesó la conducta ilegal, la prohibición rige hasta 2037. Incluso si se contara desde la resolución de 2013, vencería en 2028, por lo que seguiría vigente en la actualidad.
- Posible ilegalidad: Se cuestiona si la concesión de ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias viola la Ley 26.659 y si los funcionarios públicos incurrieron en incumplimiento de deberes.Defensa de la industria petrolera:
- Sostienen que el cambio accionario tras la operación con Chrysaor permite considerar a Harbour como una empresa distinta.
- Afirman que Harbour fue un caso ejemplar de salida de Malvinas para poder operar legalmente en Argentina (ingresó al país formalmente en 2024 tras adquirir activos de Wintershall Dea).
Puntos Clave y Cuestionamientos
La Secretaría de Energía (bajo la órbita de Daniel González) emitió el informe técnico favorable, la Unidad de Coordinación RIGI recomendó su aprobación y el ministro Luis Caputo firmó la Resolución 559 que le dio acceso al beneficio.Se cuestiona cómo el Estado y los asesores legales (como el estudio Bruchou & Funes de Rioja) no advirtieron o ignoraron una inhabilitación que estaba publicada en el Boletín Oficial y en balances públicos de la propia compañía.La oposición exige revisar la totalidad de los proyectos aprobados bajo el RIGI ante la posible falta de controles técnicos y legales en el proceso.
