Un profundo cimbronazo sacudió la trastienda de la Quinta Presidencial de Olivos. Tras una serie de episodios de tensión interna, filtraciones de información sensible y problemas en la cocina, el presidente Javier Milei tomó la determinación de apartar a casi la totalidad del personal civil que se desempeñaba en la residencia, reemplazándolo por efectivos de las Fuerzas Armadas.
Filtraciones y sospechas en la residencia presidencial
La gota que rebasó el vaso combina disputas económicas, internas políticas y preocupación por la seguridad personal del mandatario:
La filtración sobre la compra de 29 toneladas de carne por un monto superior a los 500 millones de pesos generó un fuerte malestar en el entorno presidencial.
La alarma se encendió tras la descompostura de uno de los perros del Presidente, hecho que derivó en la instalación de una guardia veterinaria en el predio ante la sospecha de un posible intento de envenenamiento.
A estos episodios se suman denuncias de la diputada Marcela Pagano sobre presuntas irregularidades en licitaciones millonarias destinadas al mantenimiento de espacios verdes, involucrando a allegados de la Secretaría General.
Transición hacia la órbita militar
Ante este panorama, la gestión de la cotidianeidad en Olivos dio un giro radical. Doce empleados civiles fueron cesados de sus funciones y sus tareas quedaron asignadas a personal de las Fuerzas Armadas, abarcando desde la seguridad hasta la cocina y la atención de la residencia.
De este modo, la Quinta de Olivos pasa a operar bajo un esquema de estricto control militar, buscando blindar la privacidad presidencial y poner fin a los conflictos internos que marcaron los últimos días.
