El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo Nacional a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria en un plazo perentorio de cinco días. La resolución establece que, de no acatarse la medida en el lapso estipulado, se aplicarán astreintes —sanciones económicas fijadas por cada día de demora— a los funcionarios responsables.
La decisión judicial responde a la falta de cumplimiento total de la medida cautelar dictada a fines del año pasado, la cual fue confirmada posteriormente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ante la solicitud del Gobierno de levantar dicha cautelar argumentando transferencias parciales de fondos, el magistrado rechazó el pedido al considerar que persiste el peligro en la demora y que la problemática presupuestaria de las casas de altos estudios no ha sido resuelta.
Por su parte, desde el ámbito universitario y los gremios del sector señalaron que los giros realizados hasta el momento son insuficientes frente al impacto del congelamiento de partidas para el funcionamiento de las instituciones, los salarios docentes y los programas de becas. Con esta medida, la Justicia busca garantizar la aplicación de la norma vigente hasta tanto se dicte una sentencia sobre el fondo del reclamo.
