Tras seis años de postergaciones y dilaciones procesales, comenzó el juicio oral contra diez efectivos de la Policía de Chaco acusados de perpetrar un violento ataque contra integrantes de una familia de la comunidad qom en el barrio Banderas Argentinas, en la localidad de Fontana. Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2020, en contexto de pandemia, cuando agentes de la Comisaría Tercera ingresaron por la fuerza y sin orden judicial a la vivienda particular de la familia Fernández.
Durante el operativo ilegal, los uniformados golpearon a los integrantes de la familia con puños, patadas y armas de fuego, profiriendo insultos racistas y discriminatorios. Posteriormente, cuatro personas —entre ellas dos mujeres menores de edad— fueron trasladadas a la sede policial, donde continuaron las torturas, los tratos crueles y las amenazas. Una de las jóvenes denunció además haber sido víctima de abuso sexual durante la detención.
En la primera jornada del debate, los diez imputados hicieron uso de su derecho a no declarar. Ante esta postura, el Tribunal integrado por las juezas Dolly Fernández y Cristina Pisarello, junto al juez Ernesto Azcona, dispuso un cuarto de intermedio y fijó la reanudación de las audiencias para los días 13, 14 y 15 de octubre, fechas en las que se escuchará el testimonio de las víctimas.
Los efectivos procesados enfrentan cargos por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, abuso sexual, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento agravado, según el nivel de responsabilidad atribuido a cada uno en el procedimiento y en las maniobras posteriores. Desde la querella institucional, conformada por el Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, se ratificó la búsqueda de una condena ejemplar que responda a la gravedad de los abusos cometidos y a las secuelas sufridas por la familia.
