La reciente escalada de violencia policial ejercida por la Policía de la Ciudad contra estudiantes terciarios, secundarios y docentes en la intersección de Callao y Corrientes expone, una vez más, un preocupante patrón de abuso de autoridad y arbitrariedad gubernamental. Lejos de garantizar el derecho constitucional a la protesta y al disenso pacífico, el operativo represivo —que incluyó la detención arbitraria del profesor Rubén Posse y la agresión física a la legisladora porteña Amanda Martín— refleja una respuesta autoritaria ante demandas legítimas.
Este despliegue de fuerza coercitiva se da en la antesala de la Quinta Marcha Federal Universitaria y en un contexto de persistente tensión institucional, marcado por el incumplimiento de normativas de financiamiento educativo y fallos judiciales adversos para el Poder Ejecutivo. Cuando las administraciones optan por cercenar la libre expresión, confinar manifestantes en «corralitos» y criminalizar el reclamo por el cierre de cursos y el presupuesto educativo, se erosiona profundamente el pacto democrático. La utilización del aparato de seguridad para disuadir la participación ciudadana no solo vulnera los derechos fundamentales de los habitantes, sino que evidencia un déficit de escucha y diálogo por parte de las autoridades frente a los conflictos sociales.
