La Casa Rosada busca desarticular la ofensiva en Diputados. “No vamos a tocar el Presupuesto”, advirtieron en el oficialismo
Agenda Mediática y Conflictos Sociales en el Gobierno Argentino
En la Casa Rosada, una frase que resuena frecuentemente es “la motosierra es infinita”, aunque la gestión actual enfrenta serias resistencias en la práctica. Esta semana, el gobierno se verá inmerso en una intensa agenda mediática marcada por los persistentes reclamos de recomposición salarial en el Hospital Garrahan y una sesión en la Cámara de Diputados convocada por la oposición para discutir proyectos destinados a aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad.
Ambos temas, aunque en contextos diferentes, abogan por un aumento del gasto fiscal que el Ejecutivo se muestra reacio a aceptar. Un alto funcionario de la Casa Rosada expresó sin titubeos que “no hay ninguna chance de que toquemos el Presupuesto”. La expectativa del oficialismo respecto al miércoles no es alentadora, pues creen que la oposición, compuesta por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, ha logrado conformar un temario de sesión con posibilidades reales de quórum y, potencialmente, de aprobación.
Si los proyectos avanzan en Diputados, el desafío se trasladará al Senado, donde la situación podría ser aún más complicada. Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, se han comenzado a divulgar las implicaciones financieras de aprobar estos proyectos, que podrían resultar en un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares, aproximadamente el 1.8% del PBI. Martín Menem, quien lidera las negociaciones para asegurar que no haya quórum, advirtió sobre el riesgo que representa romper el equilibrio fiscal arduamente conseguido.
Desde el entorno de Javier Milei se afirma que vetará cualquier iniciativa que interfiera con su meta de déficit cero. Este enfoque, ya aplicado el año pasado con el aumento de jubilaciones y el presupuesto universitario, permitió al gobierno sobrevivir políticamente, obteniendo, a largo plazo, un respaldo más firme a pesar de las críticas iniciales.
El escenario actual difiere de intentos previos, ya que la creación de la Comisión $LIBRA, que había sido un motivo de conciliación entre algunas provincias, no está presente esta vez, reduciendo las opciones de negociación para el oficialismo. La extensión de la moratoria se considera menos probable que otras iniciativas, como el aumento del 7.2% en las jubilaciones y pensiones, acompañado de un incremento en el bono extraordinario que podría ascender de $70.000 a $105.000 o $115.000, con un costo estimado del 1.3% del PBI.
Simultáneamente, el conflicto en el Hospital Garrahan acapara la atención, ya que el gobierno anunció un incremento en los bonos de residentes, elevando su salario de bolsillo a $1.300.000. Sin embargo, los médicos residentes han rechazado esta oferta, indicando que no ha existido comunicación formal del Ministerio de Salud. Actualmente, el salario básico de los residentes es de $797.000, lo que ha llevado a la convicción de que el conflicto sigue siendo vigente, a pesar de la oferta realizada.
La Junta Interna de ATE ha declarado que “la exclusión del 90% de los trabajadores del hospital solo agrava el conflicto” y ha convocado a una asamblea para buscar unidad entre todos los sectores del personal. La situación se ve agravada por la inminente implementación de un sistema de control biométrico para controlar la asistencia, un tema sensible que ha generado tensiones entre el personal.
A lo largo de este panorama, el gobierno asegura que comprende las insatisfacciones salariales de los médicos, pero minimizan el conflicto al señalar que está impulsado por gremios buscando mantener privilegios. La administración del hospital ha enfatizado que el control biométrico servirá para identificar a quienes no asisten a sus puestos, reafirmando una postura de rigor en la gestión.
El Hospital Garrahan cuenta con una plantilla de 4,728 trabajadores, de los cuales el 68% (3,190 empleados) pertenece a áreas asistenciales. Esta diversidad de roles es crucial en la prestación de servicios de salud, haciendo que los reclamos de todos los sectores sean pertinentes y relevantes ante la administración gubernamental.
Con estos elementos en juego, la expectativa recae sobre cómo el gobierno equilibrará el cumplimiento de sus compromisos fiscales con las crecientes demandas sociales y laborales. La próxima asamblea se perfila como un punto de inflexión que podría intensificar las acciones de protesta, afectando aún más la ya compleja relación entre el gobierno y los trabajadores de salud.
