La firma Tech Security SRL, cuyos socios incluyen a hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue preadjudicada con un contrato de más de $3.900 millones para ofrecer servicios de seguridad privada al Banco Nación.
La licitación pública contempló la contratación de seguridad en diversas instalaciones del banco: Casa Central, Centro de Procesamiento Paralelo, Edificio Maipú, Edificio de Funcionarios y Aeroparque Internacional Jorge Newbery, por un período de 24 meses con opción a dos prórrogas adicionales de 12 meses cada una.
De acuerdo al pliego, la propuesta ganadora fue la de Tech Security por un monto exacto de $3.933.026.507,98, mientras que también fue preseleccionada la empresa Briefing Security, con una oferta de $237.537.036.
Vínculos familiares y antecedentes
Si bien Martín Menem ya no figura como socio de la compañía —tras ceder sus acciones a fines de 2023—, el vínculo familiar permanece a través de sus hermanos: Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián Menem. Fernando es uno de los fundadores de la empresa, y Eduardo se sumó a la sociedad tras la salida del actual diputado nacional. Según registros públicos, la transferencia de participación se concretó pocos días después de la asunción del nuevo gobierno.
La participación mayoritaria en Tech Security está en manos de Pablo Ariel Vázquez, actual gerente general de la firma. Vázquez fue jefe de seguridad de River Plate y hoy se desempeña como oficial de seguridad en la Conmebol y la FIFA, participando en la organización de torneos internacionales en Sudamérica.
Contratos previos y presencia en eventos
La empresa mantiene contratos activos con organismos públicos, municipios y empresas estatales. Su presencia es reconocida especialmente en eventos deportivos, con operativos de seguridad en estadios como el Monumental de River Plate. Además, fue contratada para brindar seguridad en el acto de presentación del libro del presidente Javier Milei en el Luna Park, servicio valuado en $35 millones.
Este nuevo contrato millonario reaviva el debate sobre vínculos familiares y posibles conflictos de interés en el manejo de licitaciones estatales. Algunos sectores han calificado el hecho como una señal del «regreso de las prácticas de los años noventa».
