Los fiscales solicitaron que sea demorado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario.
El subdirector de la cárcel Villa Las Rosas, el penal salteño investigado por la presunta narcocriminalidad, declaró y los jueces ordenaron su detención al considerar que se autoincriminó.
Se trata de Marcelo Romero, jefe del Departamento de Tratamiento y Vigilancia, que fue el primer testigo en comparecer ante los magistrados Federico Diez (presidente del Tribunal), Paola Marocco y Javier Araníbar.
El funcionario sostuvo que los objetos incautados en la oficina de la Jefatura “no son puntas”, las cuales “no están prohibidas” y que los reclusos las utilizan “para sacarles punta a los lápices”.
Las “puntas carcelarias” son objetos punzocortantes que usan los delincuentes para enfrentarse con otros presos.
Romero agregó que esos elementos “miden más de 40 centímetros” o que “son arpones de más de un metro de largo”, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.
De acuerdo a su relato, las requisas a los presos eran llevadas a cabo de manera sorpresiva o general, motivo por el que no se le daba aviso al jefe del pabellón, y agregó que en la confiscación de teléfonos y drogas, se labran los actas correspondientes y los objetos son derivados a la unidad fiscal.
Los celulares quedan en la Oficina de Sumarios para luego destruirlos.
El hombre sostuvo que el consumo de estupefacientes en el establecimiento “aumentó exponencialmente” y que los detenidos se ocultaban en los baños para drogarse, mientras que, según dijo, la mayor cantidad de sustancias ilícitas ingresaba por los muros a través de métodos conocidos como “paloma” o “voleo” y los arreglos para concretar la entrega se realizaban por celular.
Con respecto al escritorio en el que se hallaron las “puntas carcelarias”, refirió que lo utiliza junto a otras cinco personas y reconoció que no interpeló sobre los elementos encontrados en la mesa.
En este sentido, el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto solicitaron la detención de Romero hasta que finalice la audiencia por considerar que se autoincriminó y que incumplió los deberes de funcionario.
Luego de un cuarto intermedio, recuperó la libertad y la Unidad Fiscal pidió que sea investigado.
Familiares de internos de la Unidad Carcelaria N°1 y tres empleados del Servicio Penitenciario también prestaron testimonio.
