Por orden del juez federal Sebastián Argibay, la Gendarmería realizó un allanamiento en la delegación tucumana de la Policía Federal Argentina (PFA) para avanzar en una investigación sobre el posible cobro de sobornos por parte de siete policías. Estos efectivos están detenidos por supuestamente recibir pagos de transportistas de mercadería de contrabando.
El juez Argibay, que dirige la causa desde Santiago del Estero, autorizó el allanamiento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y de la Brigada de Investigaciones, en San Miguel de Tucumán. Durante el operativo, se confiscó documentación que podría ayudar a reconstruir las actividades de los policías acusados.
Se incautaron varios documentos, incluyendo el libro de servicio oficial y otros registros de controles vehiculares. Estos documentos serán analizados para detectar irregularidades y determinar el grado de implicación de otros agentes de la fuerza.
Los principales acusados son siete policías federales tucumanos, quienes, según las investigaciones, operaban un esquema de corrupción en un puesto de control en Rapelli, Santiago del Estero. Se informa que los policías cobraban entre 100 mil pesos y otras sumas para permitir el paso de tours de compras y vehículos con mercaderías de contrabando que venían de Bolivia. La operación judicial que destapó este caso utilizó billetes marcados, que fueron encontrados entre el dinero confiscado.
Además, la dirección de la PFA ha puesto a disposición del servicio a dos jefes de la fuerza mientras se investiga si tenían conocimiento de las actividades delictivas. La justicia intentará determinar si otros efectivos están involucrados en este esquema de corrupción.
