El Gobierno de Bolivia declaró Emergencia Sanitaria Nacional ante el avance de un brote de sarampión que ya registra 60 casos confirmados en diferentes departamentos del país. La medida busca contener la propagación del virus mediante una campaña de vacunación masiva y la implementación de un plan de respuesta coordinado con gobernaciones, municipios y organismos internacionales.
El presidente Luis Arce informó sobre la decisión a través de sus redes sociales: “Luego de convocar de manera urgente al Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, ante la epidemia de sarampión que atraviesa el país y el alto riesgo de propagación de esta enfermedad, hemos decidido declarar Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional con el firme propósito de proteger la salud y la vida del pueblo boliviano”.
Arce remarcó que la medida permitirá reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud, activar protocolos de vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a la vacunación, con énfasis en niñas y niños menores de cinco años. También hizo un llamado a la población a colaborar con las autoridades y cumplir con el esquema completo de inmunización.
Riesgos y estrategias de contención
La ministra de Salud, María Renée Castro, alertó sobre la peligrosidad del sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, especialmente en menores con desnutrición o con sistemas inmunes debilitados.
“Es fundamental que los padres lleven a vacunar a sus hijos. El país dispone de 500.000 dosis, especialmente destinadas para niñas y niños”, aseguró la funcionaria.
En ese marco, se convocó a los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) y a representantes de organismos internacionales para coordinar acciones inmediatas. La estrategia se centrará en cortar la transmisión del virus mediante operativos de vacunación masiva y un enfoque multisectorial.
El resurgimiento del sarampión en Bolivia, tras varios años de control, pone en evidencia la caída en las tasas de vacunación atribuida a la interrupción de servicios durante la pandemia de COVID-19, así como a la desinformación y la falta de continuidad en los programas preventivos. Las autoridades advierten que, sin una cobertura adecuada, la situación podría agravarse en las próximas semanas.
