El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el gobierno nacional trabaja en un plan de privatización de bienes públicos con el objetivo de incrementar las reservas internacionales del Banco Central y cumplir con las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Durante una entrevista en el programa Las Tres Anclas, transmitido por el canal de streaming Carajo, Caputo adelantó que se pondrán en venta activos del Estado por “miles de millones de dólares”, incluyendo inmuebles administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y centrales hidroeléctricas. “Va a haber licitaciones en el corto plazo que permitirán recaudar entre 400 y 500 millones de dólares”, aseguró.
La estrategia busca acumular reservas sin necesidad de que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario, para evitar una presión alcista sobre el tipo de cambio. La prioridad del equipo económico, según expresó el ministro, es mantener al dólar “planchado” hasta las elecciones de octubre.
La AABE gestiona una vasta cantidad de inmuebles públicos, entre ellos edificios y terrenos ociosos de alto valor, como los playones ferroviarios en zonas estratégicas de Buenos Aires: Retiro, Caballito, Liniers y Constitución. Por su parte, la venta de centrales hidroeléctricas implicaría un proceso más complejo, dado que muchas concesiones otorgadas durante el menemismo ya vencieron, y el Estado mantiene la propiedad sobre las represas.
Este nuevo frente de privatizaciones se suma a otras iniciativas anunciadas recientemente, como la concreción de un repo (préstamo garantizado con activos públicos) con bancos privados y la emisión periódica de los Bonte, títulos en pesos suscriptos en dólares, destinados a inversores extranjeros. Estas herramientas buscan compensar el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas firmada con el FMI, que exige al país reunir unos 4.500 millones de dólares.
En ese marco, el gobierno logró postergar la auditoría del FMI, inicialmente prevista para mediados de junio, que fue reprogramada para fines de julio. La demora permite ganar tiempo mientras avanzan los mecanismos financieros para cumplir con los compromisos del acuerdo firmado en abril.
