Un informe de la Policía Federal concluyó que el código necesario para adquirir la criptomoneda no era público antes de la publicación presidencial del 14 de febrero de 2025.
La investigación judicial sobre el caso $LIBRA sumó un elemento que podría resultar determinante para esclarecer el rol del presidente Javier Milei en el lanzamiento de la criptomoneda que terminó convertida en uno de los mayores escándalos financieros de la actual administración.
Un informe técnico elaborado por la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina concluyó que el contrato inteligente necesario para adquirir el token fue difundido públicamente por primera vez a través del mensaje publicado por Milei el 14 de febrero de 2025. La conclusión contradice la defensa esgrimida por el mandatario, quien sostuvo que simplemente había replicado información que ya circulaba en internet.
Según el peritaje incorporado a la causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano, antes de la publicación presidencial no existían registros públicos que permitieran acceder al contrato de compra de $LIBRA. El documento técnico sostiene que, al momento de la emisión del token, éste no se encontraba listado en exchanges centralizados, por lo que el acceso inicial dependía exclusivamente de la información proporcionada por los desarrolladores del proyecto o de quienes tenían control directo sobre la billetera de origen.
La conclusión tiene implicancias relevantes: si el contrato no era de conocimiento público, la información debió haber sido suministrada al Presidente por integrantes del equipo creador o por personas vinculadas al lanzamiento.
Una billetera, un creador
El informe también reconstruye la génesis de la criptomoneda. Los investigadores determinaron que una única billetera fue utilizada para crear el activo digital y distribuir los primeros tokens. Esa wallet, identificada como “Team Libra 1”, aparece vinculada a Kelsier Ventures, la firma controlada por el empresario estadounidense Hayden Davis.
La secuencia temporal reconstruida por la Policía Federal muestra que, tras la creación del token, la siguiente acción relevante fue la publicación realizada desde la cuenta oficial de Milei. En ese mensaje, el Presidente promocionaba el proyecto, difundía el enlace a la página Viva La Libertad Project e incluía el código del contrato indispensable para adquirir la criptomoneda.
El informe considera que la concentración inicial de liquidez en manos de un único actor otorgaba a los desarrolladores un control absoluto sobre el comportamiento del activo, una característica que suele observarse en maniobras conocidas como “pump and dump”, donde se impulsa artificialmente el valor de un activo para luego liquidar posiciones con ganancias extraordinarias, dejando pérdidas al resto de los inversores.
Las comunicaciones previas al lanzamiento
La investigación judicial también incorporó evidencia proveniente del teléfono celular del trader Mauricio Novelli, uno de los principales nexos entre Milei y los promotores del proyecto.
De acuerdo con los peritajes ya conocidos, durante los minutos previos, simultáneos y posteriores a la publicación presidencial se registró una intensa secuencia de comunicaciones entre Novelli y distintos integrantes del entorno presidencial. Entre los interlocutores aparecen Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el entonces titular del Consejo de Asesores, Demian Reidel, y el propio Presidente.
Los hallazgos refuerzan la hipótesis de que el lanzamiento de $LIBRA no fue un acontecimiento espontáneo ni ajeno al círculo presidencial, sino una operación coordinada cuya difusión dependía en gran medida de la intervención del mandatario.
Contratos y pagos bajo investigación
Otro de los elementos que generan preocupación judicial son los borradores de contratos encontrados en el dispositivo de Novelli.
Entre los documentos analizados figura un esquema de pagos por hasta cinco millones de dólares vinculado al proyecto. Uno de los apartados contempla una remuneración de 1,5 millones de dólares asociada específicamente a una publicación presidencial en redes sociales. También aparecen referencias a la participación de Karina Milei y de la firma Kelsier Ventures en distintas etapas del acuerdo.
Si bien los investigadores aún deben determinar la autenticidad y ejecución efectiva de esos compromisos, los documentos se incorporaron como evidencia relevante dentro de una causa que ya explora posibles delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude financiero.
El rol de Hayden Davis
Las declaraciones públicas del empresario Hayden Davis también quedaron bajo la lupa.
En entrevistas posteriores al colapso de $LIBRA, Davis afirmó haber estado en contacto con representantes del Presidente durante el lanzamiento del proyecto. Incluso sostuvo que Milei estaba al tanto de las acciones que se desarrollarían y que mantenía comunicación con personas presentes durante la operación.
La Justicia también busca reconstruir el destino de una serie de transferencias realizadas por Davis durante los días previos al lanzamiento, incluyendo movimientos efectuados el mismo día en que visitó la Casa Rosada y se fotografió junto al mandatario.
Uno de los desafíos centrales de la investigación es lograr la identificación de las billeteras que recibieron los fondos obtenidos durante la operatoria. Los especialistas reconocen que la estructura utilizada para el token dificulta el rastreo de los beneficiarios finales.
Una causa que sigue creciendo
El informe de la Policía Federal no determina responsabilidades penales, pero sí aporta elementos que debilitan uno de los principales argumentos públicos esgrimidos por Milei: que había compartido una iniciativa privada sin conocimiento previo de sus detalles.
Por el contrario, la evidencia técnica sugiere que el contrato necesario para adquirir la criptomoneda no estaba disponible públicamente antes de la publicación presidencial y que el acceso a esa información estaba restringido a los desarrolladores y a su círculo más cercano.
Mientras la Justicia avanza sobre el rastreo de fondos y las relaciones entre los distintos protagonistas, el expediente continúa acumulando pruebas que buscan establecer si el lanzamiento de $LIBRA fue una iniciativa privada fallida o una maniobra organizada que utilizó la influencia presidencial como herramienta central para atraer inversores.
