Un tribunal federal de San Francisco condenó a Google a pagar u$s425 millones en concepto de compensación a más de 100 millones de usuarios que denunciaron la violación de su privacidad. El fallo histórico se vincula con una demanda colectiva iniciada en julio de 2020, cuando los afectados aseguraron que la compañía recopilaba datos personales incluso después de que los usuarios desactivaran de forma expresa el consentimiento en sus configuraciones.
Según la acusación, la recolección se realizaba a través de aplicaciones de terceros, como Uber o Instagram (propiedad de Meta), cuyos datos terminaban bajo custodia de Google. El abogado Aníbal Rodríguez, representante de los usuarios, sostuvo que la empresa violó la Ley Integral de California contra el Fraude y el Acceso a Datos Informáticos. Su colega David Boies enfatizó en los alegatos finales: “Google nunca obtuvo el permiso de los usuarios para recopilar y utilizar los datos”, acusando a la firma de haber engañado al afirmar que los usuarios podían controlar, ver y eliminar la información recopilada.
La defensa de Google negó las acusaciones y afirmó: “Este no es un caso de conducta ilícita, ni de filtración de datos, ni de engaños. No hay perjuicio alguno en este caso”. Sin embargo, el jurado determinó que la compañía fue culpable de recolectar datos aun con la opción de actividad web desactivada. No obstante, se descartó que se hubiera violado la ley estatal de fraude informático.
Un revés tras una victoria clave
La sentencia se conoció apenas un día después de que Google obtuviera un fallo favorable en otro proceso relevante: el juicio antimonopolio promovido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese expediente, el juez Amit Mehta rechazó el pedido de que la compañía se desprenda de su navegador Chrome. No obstante, impuso restricciones como la prohibición de acuerdos de exclusividad con fabricantes de celulares y la obligación de compartir los datos utilizados para sus resultados de búsqueda.
El contraste entre ambos fallos expone los desafíos legales que enfrenta la tecnológica, con un escenario en el que se combinan acusaciones de prácticas monopólicas y violaciones a la privacidad, dos de los temas más sensibles en el debate global sobre el poder de las grandes compañías digitales.
