En una histórica decisión adoptada en el Parlamento italiano, el país aprobó por amplia mayoría la incorporación del femicidio como un delito autónomo dentro del código penal. La votación tuvo lugar en coincidencia con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y obtuvo 237 votos afirmativos provenientes tanto del oficialismo como de sectores de la oposición.
La iniciativa fue impulsada por el gobierno encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, tras una serie de hechos de violencia de género que conmocionaron profundamente a la sociedad italiana. Entre ellos destacó el asesinato de la estudiante Giulia Cecchettin en 2023, un caso que generó masivas movilizaciones y un fuerte reclamo por mayores medidas de protección.
Con la nueva normativa, el femicidio queda configurado como una figura penal independiente y podrá ser sancionado con cadena perpetua. Además, la reforma endurece penas vinculadas al acoso, la violencia doméstica y la pornografía de venganza, ampliando el alcance punitivo frente a distintos tipos de agresiones contra mujeres.
“Hemos duplicado la financiación de centros y refugios, promovido una línea de emergencia y avanzado en acciones de prevención y concientización. Pero no nos detendremos aquí”, expresó Meloni tras la aprobación legislativa, destacando el carácter integral que busca promover su administración.
Si bien la oposición de centroizquierda acompañó la propuesta, cuestionó que el enfoque del Ejecutivo se concentre únicamente en aumentar las penas sin abordar las causas estructurales de la violencia machista, entre ellas las desigualdades económicas y culturales que sostienen el problema.
Según datos del instituto estadístico Istat, en 2024 se registraron 106 femicidios en Italia, 62 de ellos perpetrados por parejas o exparejas. En este contexto, crece el debate sobre la importancia de la educación sexual y emocional como herramienta preventiva dentro del sistema educativo.
Un reciente proyecto del gobierno busca limitar dichos contenidos en la escuela primaria y exigir consentimiento parental para su enseñanza en el nivel secundario. Organizaciones civiles y sectores opositores consideran esta medida un “retroceso”. “Italia es uno de los siete países europeos donde la educación sexual no es obligatoria. La represión no alcanza sin prevención, y esta debe comenzar en las escuelas”, afirmó la líder demócrata Elly Schlein.
