Denuncian privatización encubierta
La reciente visita del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, generó preocupación entre diplomáticos especializados en asuntos antárticos. Anteriormente, el alto mando militar norteamericano se había reunido con el presidente Javier Milei y altos funcionarios en Buenos Aires a principios de mayo, para luego trasladarse a Ushuaia, donde inspeccionó instalaciones militares y evaluó proyectos conjuntos en materia de defensa.
Los planes discutidos figura la posible instalación de una base naval integrada y la creación de un centro logístico con proyección hacia la Antártida, iniciativas que se enmarcan en una creciente vigilancia sobre la presencia china en la región. Sin embargo, estas propuestas han encendido alarmas por su potencial contradicción con el Tratado Antártico, que establece que el continente debe ser utilizado exclusivamente con fines pacíficos y prohíbe cualquier actividad de carácter militar, salvo aquellas destinadas a apoyar investigaciones científicas.
A esta preocupación se suma la participación de la empresa privada Mirgor -propiedad de Nicolás «Nicky» Caputo, hermano del ministro de Economía- en tareas logísticas y de apoyo al Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR). Para algunos expertos, esta colaboración podría interpretarse como una forma de militarización encubierta, en contradicción con el espíritu del Tratado.
Una fuente consultada explicó que, al prestar aviones y otros recursos para operaciones en la Antártida, Mirgor está asumiendo funciones que históricamente son responsabilidad del Estado. «Esto puede interpretarse como una privatización de tareas estatales sensibles», advirtió. Además, la relación directa entre Mirgor y las Fuerzas Armadas -que incluye donaciones de equipos y vehículos- genera inquietud por la posible influencia de intereses privados en decisiones estratégicas sobre el territorio antártico.
En este contexto, diplomáticos señalan la actitud pasiva de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), organismo que depende de la Cancillería y es responsable de implementar la política antártica del país. La falta de protagonismo de la DNA en estos acuerdos demuestra, según estas voces, una preocupante pérdida de autoridad estatal.
“La ausencia de liderazgo civil debilita la posición argentina en foros internacionales y pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos del Tratado Antártico”, afirman fuentes conocedoras del tema.
Asimismo, alertan sobre una creciente militarización indirecta de la región, amparada en una base jurídica frágil: los acuerdos con empresas privadas se sustentan en decretos y resoluciones que no pasaron por el Congreso ni fueron sometidos a evaluaciones ambientales. Esto habilita convenios con empresas como Mirgor sin el control técnico de la DNA ni el escrutinio ciudadano, generando un escenario de menor transparencia.
En definitiva, quienes se benefician de esta situación son Mirgor —al ocupar espacios que antes correspondían al Estado— y las Fuerzas Armadas, que avanzan en el control de las bases antárticas en detrimento de la conducción civil.
