Un cambio de juzgado que preocupa en el despacho presidencial
El juez Ariel Lijo declaró la incompetencia y envió la causa por conexidad a su colega Martínez de Giorgi, que investiga una sucesión de presuntos pagos ilegales para poder reunirse con Milei.
La «causa $LIBRA» va camino a unificarse con otra que tiene en el centro de la investigación a Karina Milei por la gestión de presuntos pagos ilegales para reunirse con el presidente Javier Milei, tanto para el lanzamiento de ese token como otros negocios en el rubro. Una sorpresiva decisión del juez federal Ariel Lijo, quien subroga a su colega María Servini –que está de licencia– declaró la incompetencia del juzgado a cargo de la magistrada y le envió el expediente por conexidad a Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramita una denuncia referida a sobornos que habían presentado los diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.
Después de la derrota electoral de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada se reactivó la causa del criptogate con un pedido del fiscal Eduardo Taiano para analizar teléfonos en busca de comunicaciones en las que hayan participado el Presidente y su hermana relacionadas con el lanzamiento de $LIBRA. En siete meses hubo hallazgos, pero ningún avance tal que hubiera –por ejemplo– llamados a indagatoria. En un escrito del principios de agosto Taiano, además, afirmó que analiza transferencias recibidas por una billetera de los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy diez días antes del lanzamiento del token y las calificó como «eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a fines de la concreción de los hechos y, en consecuencia, como instrumento de la maniobra delictiva invetigada».
Esos dos empresarios fueron nexo entre el mandatario y el estadounidense Hayden Mark Davis, creador del token que Milei invitó a adquirir en su famoso tuit del 14 de febrero, que luego borró cuando ya 40.000 personas habían perdido lo invertido. También lo conectaron con otro hombre vinculado al proyecto, anotado en el registro de audiencias del gobierno como Julian Peh, cuyo verdadero nombre es Peh Chyi Haur. Davis, CEO de Kelsier Ventures, y Peh, de la firma Kip Protocol, estuvieron en el Tech Forum, evento que en 2024 que usaron Novelli y Terrones para gestar negocios, y que contó con una exposición de Milei. El fiscal había señalado también: «Para concretar esas reuniones, que tuvieron lugar en la Casa Rosada y el Hotel Libertador, estos empresarios habrían abonado una suma de dinero al Presidente y/o a su círculo de colaboradores».
Ahora se suma la decisión de Lijo, que en su resolución dice que de acuerdo a las medidas de prueba que desarrolló la fiscalía considera «que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados». El juez recuerda las reuniones de Davis y Peh con Milei, Novelli, Terrones Godoy y señala que también habría participado el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales. El último «encuentro documentado» entre el jefe de Estado y Davis, repasa la resolución, fue el 30 de enero, como surge incluso de una foto compartida por el propio Milei en la red «X».
La denuncia contra Karina
La presentación de los diputados Ferraro –quien preside la Comisión $LIBRA en la Cámara de Diputados– y Frade estaba basada en una serie de publicaciones donde se reiteraba un concepto: Karina Milei sería la persona que por excelencia manejaría la agenda de entrevistas de su hermano pero, además, por los encuentros con él distintas personas refieren que les pidieron a ellos u otros, dinero.
«Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en la que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA; personas vinculadas y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados –luego difundidos– que la denunciada (Karina Milei) era la que pedía sobornos», decía la denuncia penal, que apuntaba a los delitos de cohecho, tráfico de influencias y violación a la Ley de Ética Pública». Entre los ejemplos que citaba, aludía a un chat de Davis que se fue publicado por un sitio especializado donde se jactaba de su influencia sobre la secretaria presidencial. Un mensaje, dirigido a otros empresarios, decía. “Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero” (sic).
Mencionó también declaraciones de Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum y Cardano, dos firmas de gran envergadura en el mundo cripto. Hoskinson dijo que en el contexto del Tech Forum los empresarios organizadores le habían pedido plata para destrabarle una reunión con el Presidente. Le habrían dicho que pasarían «cosas mágicas». Diógenes Casares, de Stream Finance, relató que un alto funcionario habría recibido dinero para que Milei promocionara $LIBRA. Señaló: “Recibí un mensaje de alguien a quien respeto quien me aseguró que a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría, lo que sea, y según me dijeron era de un alto rango del Gobierno”. Ferraro y Frade recordaron que el orfebre Juan Carlos Pallarols contó que cuando pidió conversar con Milei lo mandaron a hablar con la hermana y ella le pidió 2000 dólares para concretar el encuentro.
La causa judicial enfocada en la hermana del Presidente también está a cargo del fiscal Taiano. Pero el que debe decidir si acumula o no los casos es Martínez de Giorgi. Este juez, meses atrás, opinó que se debía tramitar una sola causa, pero la Cámara Federal le dijo que era pronto para definirlo. Es posible que rechace la competencia, pero con el objetivo de que ese tribunal superior defina quién debe investigar y se cierre la discusión al respecto. En los próximos días se sabrá como sigue el expediente, donde hay medidas en trámite muy relevantes: análisis de transferencias millonarias desde billeteras de Davis en horarios y días claves que rodearon al lanzamiento de $LIBRA, pero también movimientos en cuentas y wallets de Novelli y Terrones Godoy quienes, cuando Servini estaba por congelar sus fondos, los movieron a otras billeteras. Luego hubo otra cautelar y parte de sus criptoactivos fueron inmovilizados. Hay análisis de celulares y dispositivos en marchas, así como cuestiones patrimoniales bajo la lupa.
Queda pendiente un pedido de Servini para bloquear billeteras de Davis. Habían sido freezadas en la causa que tramita en Estados Unidos, pero la jueza Jennifer Rochon dio marcha atrás. Cancillería dijo en la causa que no tuvo novedades sobre este pedido.
