El Gobierno Nacional debió restituir unas 3.644 pensiones por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en Catamarca, en cumplimiento de una orden del juez federal Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de la provincia. La medida fue oficializada ayer en el Boletín Oficial y constituye un primer paso tras el fallo del magistrado, que también había dispuesto la devolución de todas las pensiones suspendidas a nivel nacional.
En su resolución, el juez ordenó que la cautelar dictada el 12 de septiembre se extendiera a todo el país, prohibiendo al Estado Nacional aplicar nuevas bajas “hasta que se dicte una sentencia definitiva”. Sin embargo, desde Casa Rosada informaron que se interpuso un recurso contra la decisión, por lo cual la restitución efectiva se aplicó solo en Catamarca.
La resolución oficial lleva el número 12621/2025 y está firmada por el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Alberto Vilches. En su artículo principal dispone: “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (…) y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”. Además, instruye a las dependencias del organismo a suspender las auditorías de pensiones mientras continúe vigente la medida cautelar.
Según los fundamentos del fallo, las bajas de pensiones habían sido ejecutadas durante la gestión del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo —investigado por presuntas irregularidades y pedidos de coimas—, sin auditorías previas ni garantías adecuadas para los beneficiarios. En muchos casos, las personas afectadas no habían sido notificadas para revalidar sus certificados médicos o se veían obligadas a trasladarse cientos de kilómetros para cumplir con los requisitos.
La restitución coincidió con nuevas movilizaciones en Buenos Aires y otras provincias, donde organizaciones sociales y familiares exigieron la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin ejecución. El caso reavivó además el debate sobre la vacante en la Defensoría del Pueblo de la Nación y la necesidad de una legislación específica que regule las acciones colectivas en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
