Según el informe ejecutivo 2024 del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad, Argentina registró 4.249 suicidios durante el último año, lo que representa una tasa nacional de 9,8 cada 100.000 habitantes. Esta cifra no varió respecto a 2023, pero evidencia una problemática de enorme magnitud que continúa sin recibir respuestas proporcionales.
Entre 2014 y 2023, se registraron 31.847 suicidios en el país, un promedio de 3.185 muertes anuales, ocho por día y una cada tres horas. El panorama se agrava en la población joven: el suicidio es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, convirtiendo a esta franja etaria en la más vulnerable.
Frente a este contexto, las diputadas nacionales Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) presentaron un proyecto de ley para reformar y ampliar el alcance de la actual Ley Nacional de Prevención del Suicidio (N° 27.130), sancionada en 2015. La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de todos los bloques y propone una estrategia más integral y coordinada.
El proyecto contempla la creación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, en articulación con el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, organizaciones especializadas y referentes académicos. Se propone una acción preventiva, asistencial y de posvención que abarque a todas las franjas etarias.
Entre sus principales puntos, se incluye:
- Un registro nacional obligatorio con datos detallados sobre intentos y suicidios consumados, que incluya edad, género, causas y modalidad, alimentado por el sistema público, privado y el Poder Judicial.
- La incorporación obligatoria de contenidos sobre prevención del suicidio en carreras universitarias de psicología, áreas afines y en la formación docente.
- Campañas masivas de concientización sobre salud mental, adicciones y abuso sexual, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
- Elaboración de un protocolo nacional de actuación ante el riesgo suicida, y la implementación de una línea telefónica gratuita, disponible las 24 horas, con operadores capacitados.
- Creación de un sitio web oficial con información, recursos y canales de ayuda para personas en crisis y sus familiares.
La propuesta busca saldar una deuda pendiente del Estado con una problemática silenciada. Si bien la norma podrá perfeccionarse en el debate legislativo, el mensaje es claro: actuar ya es imprescindible.
