Eduardo Ignacio Murias, el arquitecto de Santiago del Estero de 63 años detenido en Brasil por enviar mensajes racistas sobre un niño negro, seguirá en prisión mientras avanza la investigación judicial en el estado de Minas Gerais.
El hecho y la detención
El episodio ocurrió a bordo del tren turístico Maria Fumaça, que une las ciudades de Tiradentes y São João del Rei. Murias fue acusado de fotografiar y filmar a un menor de 7 años durante el trayecto y compartir esas imágenes en conversaciones telefónicas acompañadas de mensajes de alto contenido racista. Entre ellos, escribió que el niño era «moreno, pero muy guapo» y que podría tenerlo «como esclavo», además de agregar frases como «aquí hay muchos» y ofrecer el niño para «cuidar de tus nietas».
Fueron otros pasajeros quienes alertaron a la madre del menor, una mujer oriunda de Río de Janeiro. Según su propio testimonio, una persona desconocida se acercó para advertirle que un hombre estaba fotografiando a su hijo y haciendo comentarios ofensivos. La madre confrontó al acusado y logró quitarle el teléfono. El personal de seguridad de la empresa ferroviaria VLI y otros pasajeros colaboraron para retenerlo hasta la llegada de la Policía Militar, que procedió a su detención y al secuestro del celular.
Al momento de ser detenido, Murias habría manifestado ante el oficial que labró el acta que sus dichos «no eran racismo, que solo era una broma».
La audiencia y la resolución judicial
Durante la audiencia de custodia celebrada este lunes, el tribunal de Minas Gerais resolvió convertir la detención en flagrancia en prisión preventiva, bajo la figura de injuria racial. El acusado permanece alojado en una cárcel de São João del Rei y, según trascendió, cambió de abogados durante la jornada, aunque no se conocieron los motivos del cambio ni se obtuvieron declaraciones de la nueva defensa.
El marco legal brasileño
En Brasil, el racismo es considerado un delito grave e imprescriptible. Desde 2023, una reforma legal equiparó la injuria racial al delito de racismo, elevando las penas de dos a cinco años de prisión y eliminando la posibilidad de pagar fianza para recuperar la libertad.
La preocupación de la familia
La madre del niño manifestó públicamente su temor de que el caso pueda estar vinculado a una red de trata o tráfico infantil, y remarcó que las pruebas encontradas en el celular del acusado eran contundentes. Señaló además que su hijo quedó profundamente afectado tras el episodio.
Por su parte, la empresa VLI emitió un comunicado en el que repudió el racismo y cualquier forma de discriminación, e indicó estar colaborando con las autoridades brasileñas en el marco de la investigación.
