El crecimiento sostenido de las enfermedades de transmisión sexual (ITS) en Argentina se da en un contexto marcado por la retracción del Estado en materia de salud pública. A esto se suman otros síntomas del deterioro sanitario, como la persistencia del dengue o la caída en los niveles de vacunación infantil, que reavivan el riesgo de enfermedades que se creían erradicadas.
La Asociación Argentina de Pediatría alertó recientemente sobre las consecuencias de la falta de inmunización adecuada, que podría derivar en el retorno de patologías como la poliomielitis, el sarampión o la meningitis. Aunque esa realidad se proyecta a futuro, el retroceso ya es visible en el aumento de las ITS.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2024 Argentina superó los 36.900 casos de sífilis, lo que representa más de 90 casos por cada 100.000 habitantes. Las proyecciones para 2025 indican que la tendencia continuará en ascenso. Que la sífilis vuelva a ser un problema sanitario grave refleja la magnitud del retroceso, incluso cultural.
A esto se suma el crecimiento acelerado de la gonorrea, una infección que presenta un desafío adicional debido a la resistencia antimicrobiana. Aunque ambas enfermedades son tratables, su avance expone fallas en la prevención, el acceso a insumos básicos y la disponibilidad de medicamentos.
El escenario también incluye al VIH, que sigue registrando diagnósticos en niveles preocupantes, y al Virus del Papiloma Humano (VPH), la ITS más frecuente pese a contar con vacuna. Infecciones como clamidia y herpes genital, muchas veces asintomáticas, también contribuyen a la propagación silenciosa.
Uno de los factores clave es la caída en las políticas públicas de prevención. La compra y distribución gratuita de preservativos se redujo un 64%, mientras que las campañas de información casi desaparecieron. La aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) continúa siendo irregular en gran parte del país y enfrenta resistencias de sectores más conservadores.
El sistema de Atención Primaria, fundamental para la detección y el tratamiento oportuno, también atraviesa dificultades: faltan tests rápidos, los trámites son engorrosos y la respuesta sanitaria se ve demorada, lo que favorece la circulación de estas enfermedades.
El avance de las ITS implica un riesgo serio para la salud pública. Además de los costos humanos, aumentan las complicaciones médicas y la demanda de recursos en un sistema sanitario ya tensionado. A nivel social, persisten el estigma y la desinformación, lo que desalienta la consulta temprana y afecta especialmente a jóvenes y grupos vulnerables.
