Permanece alojado en un centro especializado y recibe tratamiento psicológico. Lo hará de manera virtual.
A un mes del tiroteo ocurrido en la Escuela Normal N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, en Santa Fe, el adolescente de 15 años acusado de matar a un compañero y herir a otros estudiantes podría retomar sus estudios en las próximas semanas.
.Ian Cabrera, de 13 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza. Además, otros estudiantes sufrieron heridas por perdigones y golpes provocados durante la estampida generada tras el ataque.
El hecho ocurrió el 30 de marzo, antes del izamiento de la bandera. Según la investigación, el joven ingresó armado con una escopeta de caza calibre 12/70, fue hasta un baño del establecimiento y luego abrió fuego contra otros alumnos.
En la escuela la normalización de actividades está cerca, aunque todavía no llegó a completarse. Se realizaron largas jornadas de convivencia en las que se repasó lo que ocurrió, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Se espera que a partir de mayo se pueda avanzar hacia el cronograma habitual.
En tanto, otra de las consecuencias de la masacre de San Cristóbal fue el cúmulo de amenazas de tiroteos en cerca de 150 establecimientos educativos de la provincia. Alumnos que se dedicaron en las últimas tres semanas a generar caos, con carteles, en su mayoría pegados en paredes de los baños de las escuelas, alertando sobre nuevos ataques armados.
El gobierno santafesino anunció que cuando se compruebe la participación de un alumno en esas amenazas, sus padres deberán afrontar el costo de los operativos. Ya se hizo una notificación oficial a una familia de Santa Fe que debe pagar 6.024.944 pesos. Con el correr de los días, el número de padres considerados «solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos», según los términos del artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación, se elevará considerablemente, ya que hay más de 70 sospechosos identificados.
Las autoridades esperan que estas imposiciones de pago sirvan para frenar la ola intimidatoria, como ocurrió años atrás con las amenazas de bombas a las escuelas.
