Una investigación basada en un pedido de acceso a la información pública reveló que 1.120 Personas Expuestas Políticamente (PEP) accedieron a préstamos para la vivienda entre enero de 2024 y marzo de 2026. La operatoria quedó bajo la lupa tras la difusión de créditos millonarios otorgados a funcionarios nacionales.
Una investigación periodística basada en un pedido de acceso a la información pública reveló que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, durante la gestión del presidente Javier Milei.
La información adquiere especial relevancia luego de la polémica generada por la difusión de préstamos millonarios otorgados a funcionarios de alto rango del Gobierno nacional, y permite dimensionar por primera vez el alcance de esta operatoria dentro de la principal entidad bancaria estatal.
Según los datos difundidos por Ámbito.com, en el período analizado el Banco Nación concedió un total de 25.391 créditos hipotecarios. De esa cifra, 1.120 fueron otorgados a personas alcanzadas por el régimen de control reforzado de la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que representa aproximadamente uno de cada 23 préstamos para la vivienda.
Sin embargo, el número de funcionarios beneficiados podría ser aún mayor. La normativa vigente de la UIF no incluye dentro de la categoría PEP a algunos cargos relevantes de la estructura estatal, como subsecretarios nacionales y directivos de empresas públicas, por lo que esos casos no forman parte de las estadísticas oficiales.
Los casos que encendieron la polémica
La controversia comenzó a tomar fuerza tras la publicación del sitio «¿Cuánto Deben?», una plataforma de visualización de datos que expuso registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central. Allí aparecieron varios funcionarios con importantes asistencias financieras.
Entre los casos más resonantes figuran el de Pedro Juan Inchauspe, director del Banco Central, quien recibió un crédito por 510 millones de pesos; Leandro Massaccesi, exjefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, con un préstamo de 420 millones; Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía, con 373 millones; y Federico Furiase, secretario de Finanzas, con 367 millones de pesos.
Frente a las críticas, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los créditos otorgados a personas vinculadas al Gobierno representaban menos del 0,2% del total de la cartera. No obstante, el Banco Nación terminó reconociendo oficialmente que fueron 1.120 las operaciones realizadas a beneficiarios comprendidos dentro de la categoría técnica de Personas Expuestas Políticamente.
Cambios en la normativa
Otro de los puntos que alimentó el debate está vinculado con las modificaciones implementadas en la línea de créditos hipotecarios «+ Hogares».
En septiembre de 2024, el Banco Nación aprobó la Resolución 802, mediante la cual actualizó su reglamentación interna e incorporó de manera explícita a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» como potenciales beneficiarios de la línea crediticia. Según distintos sectores de la oposición, este cambio significó una flexibilización de los criterios vigentes durante la gestión anterior.
La denuncia judicial
A raíz de los montos otorgados y de los cambios normativos introducidos por la entidad financiera, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal para que se investigue si existieron irregularidades o favoritismos en el otorgamiento de los créditos.
Luego de una disputa de competencia entre distintos tribunales, la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá analizar la documentación reunida y determinar si hubo algún tipo de beneficio indebido en la asignación de fondos públicos destinados a la vivienda, detalla el portal de Minuto Uno.
