El reciente reconocimiento por parte del Ministerio de Desregulación sobre la caída sostenida del empleo asalariado formal reabre un debate fundamental acerca del modelo económico y el futuro del trabajo en la Argentina. La caracterización de la migración masiva hacia el monotributo como un proceso espontáneo hacia «modalidades más flexibles» ignora las condiciones estructurales en las que se toman dichas decisiones.
Sostener que la pérdida de puestos de trabajo registrados se compensa con el incremento de trabajadores independientes es simplificar una problemática compleja. Para la mayoría de los trabajadores, la transición al régimen simplificado no responde a una preferencia por la autonomía o la libertad de horarios, sino a la falta de alternativas dentro del mercado formal regulado.
El empleo en relación de dependencia otorga un marco de protección indispensable: indemnización ante despidos incautados, licencias de salud pago, aguinaldo, paritarias para negociar ingresos frente a la inflación y aportes previsionales sólidos. Reemplazar esta estructura por esquemas de contratación donde la totalidad del riesgo financiero y de salud recae sobre el individuo no constituye una modernización, sino una transferencia desproporcionada de la incertidumbre laboral hacia el eslabón más vulnerable de la cadena productiva.
Un análisis enfocado exclusivamente en métricas cuantitativas desatiende la calidad de vida de las familias trabajadoras. El crecimiento económico genuino requiere estabilidad, derechos garantizados y salarios que permitan la planificación a largo plazo, pilares que difícilmente pueden construirse desde la fragilidad del trabajo no registrado o la constante inestabilidad de la facturación autónoma.
