La diputada nacional Marcela Pagano elevó un total de ocho pedidos de informe a diversas dependencias del Estado nacional para investigar los millonarios contratos de alquiler de 30.000 fotocopiadoras adjudicados a la empresa TNGROUP SA, cuyo propietario es el ciudadano brasileño Alejandro Trasmonte.
Puntos clave de la investigación:
Según la denuncia difundida periodísticamente, el Estado paga anualmente unos $2,4 millones por el alquiler de cada máquina, un monto llamativamente superior a los $1,4 millones que costaría la compra de un equipo nuevo.
Con un estimado de 180.000 empleados públicos a nivel nacional, los contratos implican el despliegue de una fotocopiadora cada seis empleados, en un contexto donde el sector público avanza hacia la despapelización.
Los pedidos de informe fueron dirigidos a reparticiones clave como ANSES, ARCA, el Ministerio de Capital Humano, la AABE, el INCUCAI, la Oficina de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, la AGN y la SIGEN.
De acuerdo con los datos recabados, la firma de Trasmonte mantiene contratos con el Estado argentino desde la presidencia de Néstor Kirchner, habiendo registrado un crecimiento exponencial en sus contrataciones bajo administraciones posteriores, incluyendo un importante caudal canalizado a través de un Acuerdo Marco habilitado por la gestión de Javier Milei.
La solicitud formal exige a los organismos la presentación de expedientes completos, pliegos, órdenes de compra, comprobantes de pago, actas de recepción y detalle de inventarios por sede para esclarecer el destino y la justificación de estas contrataciones.
