El asesinato de Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela Rural N.º 626 en el paraje El Malezal (Corrientes), desencadenó un paro nacional docente de 24 horas y una jornada de duelo en todo el país. El trágico hecho visibilizó las extremas condiciones de precariedad laboral en las escuelas rurales —la docente había denunciado previamente el estado calamitoso del edificio y debía alojarse a kilómetros de distancia—, sumado a recientes episodios de violencia en establecimientos educativos como el registrado en San Nicolás de los Arroyos.
A esta crisis de seguridad y condiciones de trabajo se le suma un profundo deterioro salarial. Según un cálculo de la plataforma DatoPuro, entre fines de 2024 y agosto de 2026 el poder adquisitivo de un docente cayó un 23,70%, acumulando una pérdida de $4.810.568,16, lo que equivale a más de cuatro sueldos de referencia ($4,1$ salarios).
Durante las movilizaciones, referentes gremiales como Sonia Alesso (CTERA) y Cecilia Paolizzi (UDOCBA Junín) cuestionaron la falta de presupuesto educativo, la ausencia de una paritaria nacional y la fuerte desvalorización social y gubernamental que sufre el sector, exigiendo al Estado medidas urgentes de protección y salarios dignos. El paro tuvo un acatamiento significativo a nivel federal, alcanzando porcentajes de adhesión superiores al 90% en distritos como Córdoba capital.
