Un informe elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad junto al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría expuso una dura realidad para el sector de los adultos mayores: en los últimos doce meses, el 35,2% de los hogares con al menos una persona mayor debió postergar o suspender consultas médicas, atenciones odontológicas o la compra de medicamentos por motivos estrictamente económicos. Se trata de la cifra más alta registrada desde que comenzó a realizarse esta medición en 2017, evidenciando un salto cercano a diez puntos porcentuales respecto del bienio previo.
El ajuste en prestaciones básicas se da en un contexto de marcada brecha entre los ingresos y el costo real de vida. Durante el mes de octubre, la canasta básica calculada para un jubilado alcanzó los $2.090.646. En contraposición, quienes perciben el haber mínimo —incluyendo el bono extraordinario de $70 mil— alcanzan un total de $505 mil. Esto implica que un adulto mayor necesita más de cuatro jubilaciones mínimas para cubrir la totalidad de sus gastos esenciales. Únicamente los rubros de salud y medicamentos, que rondan los $518 mil mensuales, superan por sí solos el monto del haber mínimo.
A la par del impacto financiero, el estudio advierte sobre un deterioro visible en el bienestar emocional de los jubilados, registrando un incremento sostenido de cuadros vinculados al malestar psicológico, la ansiedad y la depresión. Especialistas del sector remarcan que los altos niveles de estrés recrudecen por la imposibilidad económica de acceder a actividades de recreación o esparcimiento —cuyo gasto mensual se estima en $124 mil— y por los notables incrementos en insumos médicos clave, entre los que destacan los medicamentos cardiovasculares y los psicofármacos.
Asimismo, análisis del mercado farmacéutico señalan que, si bien la dispensa general muestra variaciones leves respecto a periodos anteriores, la venta de medicamentos a afiliados de PAMI sufrió bajas drásticas de entre el 20% y el 25% a partir de las modificaciones en las condiciones de cobertura, afectando de manera directa el tratamiento de enfermedades crónicas. Frente a este panorama, las entidades defensoras alertan que la insuficiencia de los haberes empuja a un número creciente de adultos mayores a continuar trabajando mientras la salud lo permita o a recurrir a asistencia para garantizar la subsistencia diaria.
