El exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri enfrenta una denuncia penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La acusación señala que durante su gestión se autorizó el uso de las instalaciones del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), en Villa Martelli, como estacionamiento tarifado durante la edición del festival Quilmes Rock en abril de 2025.
La presentación judicial, realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y radicada en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro a cargo del juez Lino Mirabelli, compromete también al presidente del organismo, el coronel retirado Fernando Roberto Lloveras, y al representante de la firma Seeker S.R.L., Gonzalo Ignacio Morales.
Riesgos de seguridad nacional
El predio del CITEDEF alberga infraestructura crítica para el desarrollo científico militar, incluyendo el Laboratorio de Ensayos Balísticos, depósitos de materiales inflamables, polvorines, laboratorios de rayos y un helipuerto. Según detalla la denuncia, la habilitación comercial permitió el ingreso de 2.443 vehículos y miles de personas ajenas a la institución, quienes circularon a escasos metros de sectores donde se maneja información clasificada y de acceso restringido, lo que habría puesto en peligro la seguridad del Estado.
Irregularidades en el cobro y destino de los fondos
A la preocupación en materia de seguridad se suman severas inconsistencias financieras:
- Módulos tarifarios: La empresa privada cobró entradas de $40.000 por vehículo, recaudando una cifra estimada en $97,7 millones.
- Facturación diferida: Tras la radicación de la denuncia judicial seis meses después del evento, el organismo emitió una factura a la empresa por $24,4 millones en concepto de servicios logísticos, lo que representa apenas una cuarta parte de lo recaudado comercialmente.
- Desvío de fondos: Los montos facturados no fueron ingresados a la Tesorería General de la Nación, sino a la cuenta de una sociedad anónima relacionada con el predio contiguo.
Mientras que allegados al exministro calificaron la presentación como una «operación política», desde el Ministerio de Defensa y el propio instituto científico evitaron dar precisiones oficiales sobre el convenio.
