La decisión del Poder Ejecutivo de avanzar con la privatización y transferencia al sector privado del 90% del paquete accionario de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) enciende nuevamente las alarmas sobre el impacto de desprenderse de activos estratégicos del Estado.
A través de la Resolución 1722/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía oficializó la calificación de dos consorcios empresariales para competir por el control total de la compañía: por un lado, el grupo conformado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX; y por el otro, la oferta integrada por Roggio ROAS S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.
La licitación —que se realiza bajo la modalidad de etapa múltiple, sin base y tramitada electrónicamente por la plataforma CONTRAT.AR— contempla la apertura de las ofertas económicas para definir al único operador privado que tomará las riendas del servicio. Este proceso se enmarca en la aplicación de la Ley Bases y la Ley de Reforma del Estado.
La entrega a manos privadas de servicios esenciales como el agua potable y el saneamiento expone una política enfocada en la desinversión estatal y el repliegue del rol regulador. Esta cesión del patrimonio público a grupos corporativos privados abre un escenario de incertidumbre sobre las futuras tarifas, la inversión en infraestructura clave y la garantía de acceso a un recurso fundamental para la población.
