La reciente Quinta Marcha Federal Universitaria, llevada a cabo frente al Congreso de la Nación, se convirtió en una masiva demostración ciudadana en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia. A pesar de la multitudinaria convocatoria de estudiantes, docentes, sindicatos y diversos sectores sociales, la respuesta del Gobierno consistió en un injustificado e intenso despliegue represivo con gases lacrimógenos y balas de goma.
Este reclamo trascendió el ámbito estrictamente educativo para unificar las demandas de jubilados, personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas y otros sectores gravemente afectados por las políticas oficiales. Frente al incumplimiento de leyes aprobadas en el Congreso y de fallos judiciales, la sociedad salió a las calles a manifestarse de manera pacífica, reafirmando que el futuro del país y el derecho de la juventud a la educación no pueden ser avasallados.
