La frustración de la sesión en la Cámara de Diputados —que dejó a la oposición a solo ocho bancas de alcanzar el quórum necesario para intentar debatir y frenar el DNU 70/2023— dejó al descubierto una compleja trama de negociaciones, ausencias calculadas y acuerdos de pasillo. Con 121 legisladores presentes en el recinto, la falta de los números requeridos evidenció cómo las directivas y maniobras del Gobierno nacional terminaron por imponerse, protegiendo las medidas del Ejecutivo a espaldas de las urgencias ciudadanas.
Durante las expresiones en minoría, referentes de distintos espacios opositores no tardaron en señalar a los responsables políticos de esta parálisis legislativa. Germán Martínez (UxP) lamentó la imposibilidad de “reparar el daño” provocado por el decreto, mientras que Pablo Juliano (Provincias Unidas) cuestionó duramente a aquellos colegas que decidieron ausentarse y desatender problemáticas críticas como la situación de los endeudados y las personas con discapacidad. En la misma línea, Myriam Bregman (FIT-U) apuntó contra los gobernadores aliados que operaron a favor del oficialismo prohibiendo a sus diputados bajar al recinto, advirtiendo que esta jornada marcó el inicio de un proceso para exponer a los «tibios y acuerdistas» y conocer el trasfondo de sus negociaciones.
Entre las ausencias más llamativas y determinantes impulsadas por la arquitectura política del oficialismo se destacaron las de gran parte del bloque de Provincias Unidas, incluyendo a su presidenta Gisela Scaglia —quien responde al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro— y a los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán (esta última, firmante de la propia convocatoria a la sesión) vinculados al gobernador Carlos Sadir. A ellos se sumaron los diputados tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, y el legislador misionero “Colo” Vancsik (Argentina Federal).
Las repercusiones cruzadas no tardaron en llegar: mientras desde la Coalición Cívica, a través de Maximiliano Ferraro, se recriminó a quienes convalidaron los recortes y la postura oficialista respecto a la Emergencia en Discapacidad, voces como la de Miguel Ángel Pichetto cuestionaron la estrategia matemática de la propia oposición y lanzaron fuertes críticas contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien tildó de «personaje nefasto». Por su parte, la cordobesa Natalia de la Sota calificó al DNU como «la madre de las desgracias» y recriminó que diversos mandatarios busquen excusas para congraciarse con la administración nacional, en contraste con los diputados de su provincia que sí bajaron a dar quórum.
Este escenario consolida un panorama donde las urgencias sociales —atravesadas por el impacto del ajuste, la Marcha Federal Universitaria y los reclamos en las calles frente al Congreso— chocan persistentemente con un andamiaje de especulaciones políticas y pactos subterráneos impulsados desde el poder central para relegar el bienestar de las grandes mayorías.
