A un año de que el Ministerio de Capital Humano pasara a disponibilidad y despidiera a cerca de dos mil trabajadores estatales, la gran mayoría continúa sin poder reinsertarse en el mercado laboral formal. Profesionales con títulos universitarios y años de antigüedad sobreviven actualmente mediante empleos hiperprecarizados, changas digitales, emprendimientos familiares y múltiples trabajos para poder subsistir.
Historias como la de Paulina Rojas, exempleada en La Rioja con problemas de salud derivados de un tratamiento oncológico, o la de Vanessa Samianta, trabajadora despedida que ingresó por el cupo laboral trans, reflejan el impacto de los recortes. A pesar de los amparos judiciales presentados y de las demandas por indemnizaciones y reincorporaciones, los afectados enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad económica, problemas de salud mental y el desconocimiento de sus trayectorias laborales por parte del Estado.
Frente a este escenario de hostigamiento y desmembramiento institucional, los extrabajadores junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se han organizado para sostener redes de contención colectiva, como la creación de la «Feria Compañera», buscando visibilizar su resistencia ante el desempleo y la precarización.
