Los legisladores Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot recurrieron a la Justicia para solicitar la suspensión de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, la disposición que derogó la Ley de Tierras Rurales. El objetivo principal de la presentación judicial es restablecer los límites legales para la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros mientras el Congreso define la validez del decreto.
La presentación fue realizada por ambos dirigentes en calidad de ciudadanos y habitantes. Dentro del pedido, solicitaron de forma urgente una medida interina para evitar que las transacciones que se realicen durante la vigencia del decreto queden consolidadas como derechos adquiridos. De acuerdo con lo planteado, cualquier compra concretada bajo el marco normativo actual resultaría de muy difícil reversión en caso de que la Justicia o el Poder Legislativo dejen sin efecto la derogación.
Además del freno temporal, la presentación contempla medidas complementarias para garantizar la transparencia de las operaciones. Se solicitó que el Registro Nacional de Tierras Rurales continúe operativo y que el Ministerio de Justicia reporte de manera mensual al tribunal el detalle de todas las tierras adquiridas por personas o firmas extranjeras. Asimismo, requirieron que el Boletín Oficial publique un aviso informando que la validez del artículo en cuestión se encuentra bajo revisión judicial.
El desarrollo judicial avanzará con el pedido de informes al Estado antes de resolver sobre la medida cautelar. En el plano legislativo, el tratamiento del DNU 70/2023 se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados, en una sesión solicitada para mediados de octubre, tras haber recibido el rechazo del Senado en marzo de 2024.
