El anuncio de Javier Milei respecto a la firma de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego ha generado fuertes suspicacias en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Aunque desde el sector militar se valora la retórica de defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur, la medida colisiona con la cruda realidad operativa y económica del área de Defensa. Con un presupuesto congelado en apenas el 0,6% del PBI —muy distante del 2% considerado mínimo para una reactivación real—, la quita del Fondo de la Defensa (Fondef) y el recorte de 40.000 millones de pesos en entrenamiento, las FFAA denuncian una severa pérdida de capacidad operativa, caracterizada por menos horas de vuelo, escasa navegación y congelamiento de proyectos clave.
A las restricciones materiales se suma el malestar por la precarización salarial y de salud de los efectivos, donde un piloto de F-16 percibe alrededor de $1.300.000 pesos, un ingreso considerado insuficiente para el nivel de exigencia y riesgo. Ante este escenario de desfinanciamiento y venta de activos inmobiliarios militares, referentes de la Armada sospechan que el anuncio presidencial no busca fortalecer un desarrollo soberano propio, sino preparar el terreno para ceder la gestión o presencia operativa de la base militar de Ushuaia a Estados Unidos bajo un esquema de administración compartida.
