Tras la revocación por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras, el gobierno provincial de Misiones confirmó que recurrirá a la vía judicial para impedir la aplicación de esta medida en su territorio.
A través del Decreto N° 1.935, el gobernador Hugo Passalacqua formalizó la instrucción al Fiscal de Estado para que inicie las acciones correspondientes. La intención central es frenar los efectos del DNU 70/2023 en la provincia, bajo el argumento de que impacta de manera directa sobre la autonomía, la soberanía territorial, el esquema financiero y la estructura socioeconómica de la jurisdicción.
Desde el Ejecutivo misionero remarcaron la vulnerabilidad institucional en la que se encuentra la provincia debido a sus particularidades geográficas y productivas: más del 90% de su territorio limita con fronteras internacionales, alberga una biodiversidad única en el país y mantiene una matriz económica centrada en el pequeño y mediano productor. Frente a esta realidad, las autoridades provinciales señalaron la necesidad de actuar legalmente para evitar que el suelo local quede desprotegido.
Por su parte, el fallo del máximo tribunal de la Nación se fundamentó en que la entidad que había promovido la causa original carecía de legitimación para accionar sobre un derecho de incidencia colectiva. Sin embargo, la propia resolución dejó abierto el camino para que tanto particulares como administraciones provinciales puedan solicitar medidas cautelares o reclamos individuales si consideran que el nuevo régimen legal vulnera sus derechos territoriales o constitucionales.
