La Policía Federal Argentina (PFA) lleva adelante las pericias técnicas sobre ocho billeteras virtuales de bitcoins aportadas por el exfuncionario Manuel Adorni, en el marco de la causa judicial que investiga su patrimonio y que busca esclarecer la procedencia de 591 mil dólares no declarados en su momento.
Las diligencias están a cargo del Departamento Técnico Cibercrimen de la fuerza de seguridad, el cual realiza una verificación criptográfica para examinar las direcciones de activos digitales presentadas por la defensa. Estas cuentas habrían tenido movimiento entre los años 2014 y 2018, según el planteo formalizado ante la Justicia por el exfuncionario.
Aspectos técnicos bajo análisis
El fiscal a cargo requirió determinar el tipo exacto de direcciones entregadas para establecer si corresponden a sistemas de custodia o autocustodia, además de verificar la fecha de creación y la titularidad original. Entre los puntos centrales, se indaga si las claves privadas pudieron conservarse en soportes físicos o no electrónicos sin dejar rastros digitales —como el formato de paper wallet exhibido en apariciones públicas— y si los 41 movimientos registrados dentro de las billeteras fueron ejecutados por una única persona o por terceros.
Paralelamente, la investigación contempla un relevamiento normativo e histórico para conocer el marco legal vigente sobre monedas virtuales en el país durante el período 2014-2018, el alcance de las regulaciones de prevención de lavado de dinero de la Unidad de Información Financiera (UIF) y los plazos de conservación de registros exigidos a las plataformas de intercambio en aquellos años.
Origen de la medida
La intervención judicial se originó luego de que la defensa técnica se presentara en la fiscalía con las claves de acceso correspondientes. En dicha oportunidad, se generó un mensaje de desafío para ser insertado y firmado dentro de cada billetera con el fin de ratificar su existencia y demostrar control operativo sobre los fondos.
Estas cuentas digitales pasaron a ser objeto de investigación penal luego de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas para incorporar los fondos cuestionados, justificándolos como producto de operaciones de venta de activos.
