Frente al Congreso de la Nación se desplegó un brutal y aberrante operativo de seguridad que reprimió de manera desmedida a los manifestantes que se habían autoconvocado en el marco de la Marcha Federal Universitaria. Con el correr de las horas, las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad avanzaron con camiones hidrantes y lanzaron gases lacrimógenos directamente contra la multitud, generando corridas y momentos de extrema tensión en las inmediaciones del palacio legislativo.
La represión dejó un saldo alarmante de heridos y detenciones arbitrarias, incluyendo la captura de menores de edad. Lejos de limitarse a disuadir la protesta, el accionar policial se ensañó de forma directa con los trabajadores de prensa que cumplían con su labor de cobertura. Fotoperiodistas y camarógrafos recibieron disparos directos de balines de goma a corta distancia y sufrieron los efectos directos de los gases. Mientras tanto, en el interior de la Cámara baja, la sesión especial convocada para rechazar el DNU 70/23 fracasaba al quedarse sin quórum, profundizando un clima de fuerte conflictividad social y política en las calles.
