El Poder Ejecutivo presentará en los próximos días un recurso para apelar la resolución del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto 759/2025 y ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Desde la Casa Rosada analizan además otras herramientas legales orientadas a postergar el impacto presupuestario de la medida.
La sentencia del fuero contencioso administrativo federal surgió tras hacer lugar a un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), instituciones universitarias y gremios docentes, al cual se sumó un reclamo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El decreto cuestionado había promulgado la ley ratificada por el Congreso tras un veto, pero condicionaba su ejecución a la definición de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas específicas mediante un artículo de una normativa anterior. Para la magistratura, dicha condición carece de la razonabilidad necesaria para dejar sin efecto una norma respaldada por mayorías agravadas en ambas cámaras legislativas.
Este nuevo frente judicial se suma a otros reveses experimentados por el Estado en el máximo tribunal. Previamente, la Corte Suprema de Justicia descartó planteos de recusación formulados por el Ejecutivo contra el juez de la causa y ratificó medidas cautelares previas orientadas a garantizar los fondos destinados a salarios y becas estudiantiles. Mientras el oficialismo opta por la vía recursiva en los tribunales, el escenario también ha estado marcado por instancias de negociación paritaria y tratativas con las autoridades universitarias.
