La morosidad de los hogares se mantiene en niveles elevados y enfrenta una nueva señal de alerta: una parte significativa de los clientes que habían logrado refinanciar sus deudas volvió a caer en el incumplimiento de los pagos. Esta reincidencia genera inquietud en las entidades financieras, ya que amenaza con demorar la normalización de una cartera que viene registrando altos índices de irregularidad.
De acuerdo con estimaciones del sector bancario, alrededor del 30% de quienes habían reestructurado sus compromisos financieros volvieron a incurrir en demoras. Este fenómeno interrumpe la expectativa de estabilización que había surgido tras la desaceleración en el crecimiento de los saldos irregulares y la mejora observada en la mora temprana —los atrasos de menos de 90 días—, la cual se había reducido desde el pico registrado a fines del año pasado.
Entre los principales factores que impulsan esta problemática se encuentran la falta de recuperación del ingreso real de las familias, el incremento inicial del crédito y la flexibilización en las condiciones de otorgamiento durante las primeras etapas de competencia entre las entidades. A esto se suma el impacto del crédito no bancario y de las plataformas de financiamiento, con tasas de morosidad que oscilan entre el 25% y el 30%, a las cuales muchos usuarios recurren ante la imposibilidad de acceder al sistema tradicional.
La persistencia de estas carteras irregulares no solo eleva el riesgo de incobrabilidad para bancos y fintechs, sino que también deriva en un endurecimiento de las condiciones para acceder a nuevos préstamos, limitando los montos y exigiendo mayores requisitos. Ante este escenario, la agenda legislativa prevé debates orientados a debatir herramientas de protección para los sectores sobreendeudados, abarcando desde propuestas de educación financiera y transparencia de costos hasta la fijación de límites a las tasas y topes en relación con los ingresos.
